⚖️ La nueva ley del «solo sí es sí» de España desata reducciones de condena a violadores

👉Ha estallado una disputa en España después de que surgiera una ley histórica para endurecer las penas por delitos sexuales que los abogados están utilizando para reducir las sentencias existentes de clientes condenados.

La ley de «solo sí es sí» fue impulsada tras el conocido caso de la Manada de 2016, cuando cinco hombres violaron a una mujer de 18 años en Pamplona.

La nueva ley entró en vigor el mes pasado.

👉 Según relatan diversas fuentes, al menos 5 delincuentes sexuales ahora pueden salir antes de la cárcel como resultado del cambio.

Los abogados también han obtenido reducciones de sentencia para abusadores condenados en al menos otros 8 casos.

Un abogado de la pandilla Manada, Agustín Martínez, también reveló que estaba trabajando para lograr una reducción de la pena para uno de los cinco condenados por la salvaje agresión.

Esto se debe a que el código penal español establece que cuando se introduce una nueva ley, las nuevas sentencias contenidas en ella pueden aplicarse retroactivamente si benefician al reo.

Entonces, en algunos casos, los abogados argumentaron que la nueva ley establecía sentencias mínimas más bajas y que, por lo tanto, las sentencias originales deberían reducirse.

👉 La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, que dirigió la entrada en vigor de la nueva ley la defendió diciendo que «el machismo puede hacer que algunos jueces apliquen la ley de forma incorrecta», dando a entender así que los jueces son machistas, e incluso diversos miembros de su partido se reiteraron en el mensaje: algunos jueces son machistas y la culpa es del patriarcado, la ley está bien redactada».

Su comentario provocó revuelo en el poder judicial,  ya  que Montero había «decidido echar toda la culpa a los jueces y no admitir un error». Las principales asociaciones de jueces también rechazaron conjuntamente su afirmación de sesgo machista.

👉 «Ahora el 55% de los jueces españoles son mujeres, por lo que culparlas de ‘machismo’ es un insulto. Y la educación jurídica de los jueces en cuestiones de género se lleva a cabo desde hace mucho tiempo», señaló la profesora Flores.

Esta disputa es particularmente incómoda para el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez, ya que la igualdad de género ha sido un enfoque político importante desde que asumió el poder a principios de 2020.

La nueva ley fue una de las reformas históricas del gobierno, impulsada por la indignación generalizada después de que los cinco fueran declarados culpables de abuso sexual, pero no de violación, y recibieron sentencias de prisión de nueve años durante su juicio inicial. Después de protestas masivas, la Corte Suprema en 2019 aumentó las penas de cárcel a 15 años.

En el juicio original, los hombres habían sido absueltos de violación con el argumento de que no se había utilizado ni la violencia ni la intimidación.

Foco en el consentimiento
La nueva ley de Garantía de la Libertad Sexual establece que las víctimas ya no tienen que probar que sufrieron violencia o intimidación, o que resistieron físicamente, para demostrar que han sufrido una agresión sexual. Cualquier acto sexual sin consentimiento será pasible de ser considerado agresión.

👉 En medio de la polémica por las recientes rebajas de penas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que pensaba que había que revisar el tema «porque evidentemente el objetivo… no era rebajar las penas por abuso de menores, sino todo lo contrario».

👉 En un caso reciente, un juzgado de Madrid recortó dos años la pena de un hombre condenado a ocho años de prisión por haber abusado sexualmente de su hijastra de 13 años.

👉 Un hombre que violó a una mujer de 67 años en su propia casa fue condenado a tres años y 10 meses de cárcel, pero un juzgado de Barcelona dictaminó que, según la nueva ley, su condena debería ser de entre dos y cuatro años.

👉 En Mallorca, dos abusadores sexuales encarcelados durante tres años ya pueden salir libres, ha dictaminado un juzgado, porque ya han cumplido dos años.

El profesor Flores señaló que la ministra de Justicia, Pilar Llop, socialista, no había comentado sobre esta «gran vergüenza legal» para el gobierno. Vio ese silencio como una señal de que la nueva ley estaba «aumentando la división en la coalición» entre los socialistas y Podemos, el partido menor en la coalición de izquierda.

«Incluso si regresa a una ley más punitiva, no puede aplicarla retrospectivamente», dijo, y agregó que «estamos obligados a tener un número creciente de casos revisados».